Anteproyecto de Ley de Vivienda de Interés Social: Una necesidad palpable. Una propuesta para el acceso de los más pobres
LA PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA EN EL SALVADOR
La situación y problemática del hábitat popular se puede abordar desde diversos enfoques.
El cálculo, descripción y análisis cuantitativo de una cifra basada en un indicador variable o la perspectiva de la situación jurídica de un derecho humano, son los ángulos usualmente utilizados. La arista que menos se aborda es la de acceso al suelo donde ubicar la vivienda de interés social.
Desde julio del año 2010, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano ha puesto a disposición en su sitio Web, un documento con datos del parque y el déficit habitacional del país, con cifras resultantes del Censo de Población y Vivienda del 2007, sin el ajuste por omisión informado por
El parque habitacional total informado es de 1,668, 227 viviendas. De este total 1,085, 343 se encuentran en el ámbito urbano y 582,884 en el rural.
El déficit habitacional es de 360,301 viviendas. De esta cifra, 315,918 unidades conforman el déficit cualitativo y 44,383, el déficit cuantitativo.
Más del 70% del déficit cuantitativo se concentra en los departamentos de San Salvador (36,97%), Santa Ana (15,67%),
Más del 30% de déficit cualitativo se encuentra en los departamentos de Sonsonate (11.04%), Ahuachapán (10.41%) y San Miguel (10.08%).
Estas cifras contrastan con las del Documento del Programa Conjunto del Gobierno de El Salvador y Naciones Unidas: Vivienda y Asentamientos Urbanos Productivos y Sostenibles, presentado por el VMVDU en Octubre 2009, que estima el déficit habitacional en El Salvador, considerando situaciones de hacinamiento con dos o más familias por vivienda, en 477,908 viviendas, de las cuales aproximadamente 416,648 constituyen el déficit cualitativo y 61,260 el déficit cuantitativo.
El déficit habitacional es uno de los indicadores ajustado a partir de los polémicos resultados del censo mencionado, que arrojaron cifras muy por debajo de las proyecciones de crecimiento poblacional que estimara el último censo de vivienda efectuado en el país en 1992. El Gobierno a principios del año 2008, fecha previa a la divulgación de los resultados del censo, manejaba aún una cifra de déficit habitacional de más de 550,000 viviendas. La misma aún y cuando es muy superior a la actualmente manejada, era, desde varios años atrás, considerada como subestimada por especialistas del ramo, que en distintas ocasiones criticaron la metodología de estimación de las mismas.
Entre las instancias críticas se encuentran FUNDASAL, SUM Consult y el Programa Mejoramiento de las Encuestas y
El déficit cualitativo considera únicamente el tipo y no el estado de los materiales de la vivienda; tampoco considera servicios básicos.
El déficit cuantitativo no considera el hacinamiento resultante del número de personas por cuarto, que no depende necesariamente del número de hogares cohabitando en una misma vivienda.
Ninguna de las cifras del déficit contempla las condiciones de carencias derivadas del carácter del sitio de localización o emplazamiento y de la situación jurídica de la tenencia de la vivienda.
Tampoco se han visto reflejados en los números, los daños y pérdidas del parque habitacional, producto de desastres, como los terremotos, tormentas tropicales, erupciones, etc.
Existe un desequilibrio recurrente entre la oferta y la demanda efectiva de viviendas. La oferta disponible se concentra principalmente en los tramos de mayores ingresos, dejando desatendido a un importante segmento del mercado de la población. Destaca la importancia del trabajo de las ONG en la labor de ejecución de proyectos y financiamiento para la adquisición de viviendas, en contraposición a las cifras de las entidades gubernamentales encargadas de este ramo.
El Estado ha señalado que atenderá la demanda de necesidades habitacionales con base a los datos recopilados en el Registro Único de Inscritos (RUI). La base se va actualizando a medida que las personas se inscriben y una aplicación en el portal Web oficial del sector habitacional en el país www.evivienda.gob.sv permite generar resultados en forma de gráficos y mapas.
Los datos al 1º de octubre de 2010, muestran una demanda de 37,093 familias registradas. Esta se concentra en el departamento de San Salvador, con 13,023 casos. La cifra en este departamento se incrementa a 13,418, si el dato considerado para el análisis geográfico es la preferencia de localización de la vivienda que se solicita.
En relación al nivel de ingresos, la distribución de la demanda habitacional se concentra casi en su totalidad, en los estratos económicos inferiores.
El 70,5% de la demanda (26,167 familias) percibe ingresos inferiores a un salario mínimo mensual (USD $207,6) y el 21,4% (7,938 familias) percibe ingresos entre uno y dos salarios mínimos mensuales SMM.
La demanda con ingresos entre 2 y 3 SMM se conforma por 2,221 familias y representa un 6% y aquella con ingresos mayores a 3 SMM, se constituye con 772 familias que representan un 2,1% de las solicitudes inscritas en el RUI.
Independientemente del indicador que se utilice; las cifras nos muestran el carácter dinámico y acumulativo de una problemática concentrada en el estrato de población de menores ingresos.
El estrecho vínculo entre disponer de un alojamiento adecuado y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida autónomo otorga un carácter central al derecho a la vivienda.
Sin embargo, si bien existe una amplia normativa internacional, regional, y constitucional que desarrolla los compromisos de los poderes públicos en materia habitacional, la vulneración de los derechos habitacionales es una práctica habitual en la mayoría de países.
En El Salvador, dicha situación engloba simultáneamente la transgresión de:
- El derecho a un nivel de vida adecuado,
- El derecho a la información,
- El derecho a la seguridad y a la protección,
- El derecho a una vivienda adecuada,
- El derecho a la propiedad y posesión,
Entre los principios violados están:
- Art. 2: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos…”
- Art. 3: “Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión…”
- Art. 32: “La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado…”
- Art.105: “El Estado reconoce, fomenta y garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra rústica, ya sea individual, cooperativa, comunal o en cualquier otra forma asociativa…”
- Art. 119: “Se declara de interés social la construcción de viviendas. El Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda…”
- Art. 25: “1.Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”
- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
- Art. 11: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento…”
El incumplimiento de los derechos constitucionales en cuanto a la propiedad y a una vivienda digna no se debe solo a la falta de acciones para garantizar el acceso a la vivienda, sino lo que es peor, por los innumerables obstáculos que se han ido poniendo durante décadas, para evitar que los pobres accedan a la propiedad del lote y a una vivienda.
Dado que esta transgresión es específica para los pobres, también se está violando el precepto de igualdad sin distinción de origen social.
Entre las acciones gubernamentales que marginan a la población salvadoreña pobre, están:
- La ausente o exigua y no sistemática, ni continuada asignación presupuestaria estatal para inversión en vivienda de interés social y en servicios básicos para ésta.
- El uso de fondos de carácter fundamentalmente coyuntural y fuera del presupuesto estatal para “atender” la problemática de la vivienda; en estrecha dependencia de los particulares énfasis e intereses, para los cuales la cooperación internacional, restringe y condiciona la disponibilidad de recursos y apoyo.
- Los requisitos para acceder a las fuentes de financiamiento y subsidio estatal (FSV y FONAVIPO) excluyen a las familias, a las cuales en teoría van dirigidos; en la medida en que resultan inalcanzables para el grueso de las de menores ingresos. Aunque mayoritariamente la cartera de usuarios se constituya con personas de bajos ingresos, como lo atestigua la proporción del total de los créditos asignados a este sector; es significativamente mayor la proporción del monto de los recursos estatales que se destina a un minoritario sector con una mejor capacidad económica.
- El diseño de una política de vivienda, mercantiliza el derecho humano a la vivienda, al orientarse al explícito objetivo de “eficientizar el mercado”. La accesibilidad a la vivienda sigue así restringida y determinada por las libres fuerzas del mercado (nivel de ingresos y capacidad de ahorro).
- La obsolescencia de la normativa para la construcción, encarece inútilmente la vivienda, al grado que no pueden pagarla los más necesitados que se ven obligados a resolver sus condiciones de vida fuera de la norma.
- La burocracia de los trámites y elevado costo para titular un lote, y la falta de control y sanción a lotificadoras, que mantiene en la ilegalidad e incertidumbre de la tenencia a gran parte de la población.
- Políticas, planes y programas del sector son diseñados sin un diagnóstico actualizado de referencia o con base en un diagnóstico irreal de la problemática, empleando estadísticas de indicadores sustentados en una connotación de la problemática parcial, estática y desactualizada.
- El diseño de un programa de vivienda de interés social enfocado en la atención del tipo de déficit habitacional histórica y proporcionalmente más bajo (el cuantitativo) que invisibiliza la heterogeneidad del grupo familiar de escasos recursos y es discriminante respecto a la necesidad de espacio habitable del más pobre, pues le asigna a la vivienda de interés social con subsidio total o parcial del Estado, un área construida significativamente inferior (35m2 a 36m2) a la accesible bajo financiamiento (45m2), basado en la capacidad de pago que deriva del nivel de ingresos.
El acceso a suelo es un eje esencial de la problemática habitacional, que no estará completamente evaluada mientras no se efectúe un enfoque particularizado de este componente, que arroje luz sobre sus características y permita proponer las acciones que es necesario emprender para darle solución, en el marco de una estrategia local, nacional y regional.
En el país el acceso a suelo está regido por las reglas del mercado y éstas no apuntan a la satisfacción de derechos elementales sino a la creación e incremento del lucro sobre la propiedad y el capital de las clases poseedoras. Es así que el primer paso en la procura de una vivienda digna no puede darse, o se da en condiciones de precariedad e inseguridad extremas.
El Mercado no provee tierra para que los pobres construyan allí sus viviendas, y por ello deben asentarse en zonas alejadas, carentes de servicios imprescindibles, o directamente tomar terrenos en las laderas, que se deslavan y arrastran con ello sus modestas edificaciones, o en las orillas de ríos que crecen y se llevan las precarias construcciones, o próximos a depósitos de basura o en zonas tugurizadas de las ciudades.
La dificultad de acceso a vivienda y suelo se hace crítica para la población de bajos ingresos, existiendo en particular un grave desequilibrio en perjuicio de las mujeres, dada la feminización de la pobreza.
Los desalojos agravan la situación del hábitat popular y la falta de información, o su opacidad, contribuye a desmovilizar a los sectores afectados.
Las formas de tenencia que admite la legislación, enfatizan la propiedad privada individual, sirviendo más a los intereses del mercado que a la seguridad de los pobladores.
Parte fundamental del problema es que la tierra urbanizada es suelo fiscal ocioso o está en manos privadas y el acceso a ella lo rige el mercado, a través de una oferta todopoderosa y una demanda que tiene enormes dificultades para satisfacer mínimamente sus necesidades.
En el medio rural, el problema del acceso al suelo habitacional forma parte de un problema más amplio, el del acceso al suelo productivo, por lo que requiere otro tipo de estrategias.
El acceso al suelo, como la cuestión habitacional toda, requiere recursos y la redefinición de las prioridades del gasto del Estado hacia las políticas sociales.
