15.08.08 La problemática del hábitat y sus soluciones 
La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL), desde 1968, ha venido renovando su compromiso con la población excluida socialmente y participando con ella en la búsqueda de la construcción de un mejor hábitat y una vivienda digna. Como parte de este compromiso, ratificamos que en la actualidad el problema de la vivienda y la aplicación de soluciones efectivas y accesibles para la población, especialmente la que se encuentra por debajo de los dos salarios mínimos de ingreso, debe contar con una intervención clara, transparente y decidida del Estado.
Los datos, del reciente VI Censo de Población y V de Vivienda de 2007, evidencian algunos hallazgos difíciles de ignorar: 33,632 hogares que demandan una vivienda nueva, 27,000 hogares con 10 miembros, es decir, alrededor de 300,000 salvadoreños residiendo en hogares de 10 personas o más, lo que implica hacinamiento; 315,206 viviendas con piso de tierra, de las cuales, 93,492 están construidas con paredes de madera, lámina metálica, paja y palma y otros desechos; 129,842 viviendas con techo de teja y piso de tierra, de los cuales el 81.9% se encuentran en el área rural; 166,953 viviendas con techo de lámina y piso de tierra, de las cuales el 57% son del área rural; 583,690 viviendas con servicio sanitario en forma de letrinas y 427,570 viviendas que utilizan leña para cocinar. Estos datos demuestran que lo realizado en pro de la mejora del hábitat en El Salvador no ha solucionado la compleja situación existente, que se manifiesta con los niveles de precariedad en que vive gran parte de los salvadoreños, condición corroborada a través de estudios realizados con anterioridad.
Hay información relevante en el Censo 2007 que también es necesario destacar. La población del Área Metropolitana de San Salvador es de 1,566,629, que equivale al 27.3% del total, con una densidad de 1,768 habitantes/km2. En el municipio de Mejicanos tenemos una densidad de 7,228; en Soyapango, 8,523 y en Cuscatancingo, 11,274. Esto significa una enorme concentración de población y el incremento de demanda por vivienda, servicios básicos, educación, salud, trabajo, lo que nos obliga al retorno a la ciudad construida (donde se aproveche los espacios desperdiciados dentro de ella, se tome en cuenta la construcción en altura y se aborde el tema de las densidades habitacionales) y al mejoramiento de barrios, alcanzando así una efectiva reducción del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el país.
Recientemente, FUNDASAL ha llevado a cabo una investigación sobre la vivienda de los sectores populares radicados en áreas urbanas en El Salvador, la cual se realizó en 32 ciudades. A escala nacional se logró identificar 2,565 Asentamientos Populares Urbanos (APU, 2006-2008) con una población de 319,499 habitantes, es decir, 75,313 familias. Los mesones representan el 70,5% de los APU, pero habitan únicamente el 9.3% de la población total residente. Hay 1,809 mesones en las 32 ciudades. Las 564 comunidades marginales identificadas representan sólo el 22,0% de los APU, pero habitan el 66,5% de la población total residente, y las 192 lotificaciones ilegales representan el 7,5%, en las cuales habita el 24,2% de la población total residente en los APU. Es importante tomar en cuenta que estos asentamientos necesitan un cambio en la normativa actual para flexibilizar los trámites de legalización de los terrenos donde se localizan y fortalecer su organización comunal.
FUNDASAL, en junio de 2005, hizo un planteamiento en torno a la Política de Vivienda, que implicaba la creación de sus propios instrumentos para que no quedara en una mera declaración de intenciones, ni su aplicación, a la discreción de los funcionarios. Lo importante era producir resultados concretos, superar los vacíos de la actual formulación de Política de Vivienda, y elaborar una Ley de Vivienda coherente con la Política.
Lo que se ha hecho hasta ahora no ha resuelto el problema. Si seguimos con este mismo esquema, de no reconocer la vivienda como un derecho, de no reconocer la incapacidad de la gente para acceder al mercado financiero y formal, de no contar con los instrumentos adecuados que se ajusten a las condiciones de la gente, se va a seguir acumulando y profundizando el problema.
Teniendo en cuenta lo expresado podemos hacer las siguientes consideraciones: la Ley de Vivienda en El Salvador es necesaria, somos de los pocos países en América Latina que no tienen una ley de vivienda. El huracán Mitch, los terremotos de 2001, el impacto de la tormenta tropical Stan, la erupción del volcán Ilamatepec, el enjambre sísmico en Ahuachapán, entre otros, han puesto en evidencia la relevancia de la problemática del hábitat, a la cual debe responder una Ley de Vivienda. El 78.2% de la demanda de nueva vivienda proviene de hogares cuyos ingresos no sobrepasan los dos salarios mínimos urbanos, según el estudio “Política de vivienda de interés social en El Salvador” efectuado por SUM Consult y por encargo del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU) en 2004. A partir de estos datos, los brindados por los resultados del Censo 2007 y por el estudio APU 2006-2008, se hace imperativo y obligatorio atender a estos sectores de forma prioritaria, siendo una razón de suficiente peso para formular y aprobar una Ley de Vivienda. La Constitución de la República, en sus artículos 1, 2 y 119, nos da el respaldo necesario para realizar la tarea que nos estamos proponiendo. Las políticas públicas y las leyes tienen que ser el resultado de un esfuerzo colectivo, en el que todos los sectores alcancen acuerdos fundamentales.
Hay que atender el problema de la vivienda en conjunto con el problema de la pobreza, ya que este último es una de las principales causas del primero. Hay que partir del derecho a la vivienda, del derecho a la tierra, del derecho a la ciudad. No es la vía del mercado la solución para los sectores con ingresos debajo de los dos salarios mínimos. Hay que aceptar que el Estado tiene obligaciones que son irrenunciables, que hay derechos que el Estado debe garantizar. La respuesta está en una Ley de Vivienda que dé soluciones a estos problemas, y eso sólo puede ser si es de amplia participación y se enfoque en la vivienda de interés social.
FUNDASAL tiene varios años de trabajar en una propuesta de Ley de Vivienda de Interés Social, que llene el vacío de la falta de un instrumento legal que implique una obligatoriedad en el cumplimiento de las políticas públicas sobre este tipo de vivienda, hoy podemos decir públicamente que contamos con una propuesta ya elaborada, fundamentada en el derecho humano a la vivienda, que está siendo sometida a consulta ciudadana, ante diferentes organizaciones sociales. FUNDASAL inicia hoy una serie de pronunciamientos públicos donde irá explicitando los contenidos de esta propuesta.
Los componentes esenciales de la Ley de Vivienda de Interés Social que presentaremos son los siguientes: principios; definición del concepto de una vivienda adecuada; reconocimiento como un derecho humano el acceso a una vivienda digna de interés social; una nueva institucionalidad que supere las debilidades con que se ha tratado el problema; aplicación de subsidios habitacionales, incorporación del ahorro, la autoconstrucción, la autogestión y el esfuerzo propio; el financiamiento estructural permanente y seguro, que defina con claridad sus fuentes, que fortalezca la intervención de los gobiernos locales, que establezca el camino de acceso al suelo urbano y rural, que incorpore la legalización de tierras, que defina los programas y proyectos que pueden ejecutarse, que defina los agentes productores de vivienda y de servicios habitacionales. Se propone un enfoque integral para enfrentar el problema de forma permanente.
40 años por un hábitat digno y una ciudadanía activa
