01.09.08 La vivienda de interés social no es una mercancía, es un derecho humano


NOSOTRAS Y NOSOTROS, los habitantes de las comunidades de escasos recursos económicos, conformados en la COMISIÓN NACIONAL DE POBLADORAS Y POBLADORES (CONAPO) de todas las zonas geográficas  de El Salvador, nos hemos reunido este día para comunicar a la opinión pública que:

 

  1. Somos un grupo de salvadoreñas y salvadoreños representantes de comunidades y organismos locales, que desde el mes de febrero de 2008 hemos estado realizando un proceso de reflexión sobre la grave problemática que enfrentamos las familias de escasos recursos económicos para tener acceso a una vivienda digna.
  2. Muchas de nuestras familias han tenido la voluntad y el interés de acceder a una vivienda adecuada; sin embargo, los requisitos, los altos precios de mercado y la falta de capacidad de pago siempre han sido obstáculos imposibles de superar.
  3. Estamos conscientes de la demanda de vivienda tanto de las actuales como de las futuras generaciones.
  4. Nos encontramos preocupados por la dependencia de préstamos y donaciones para los proyectos de vivienda de interés social y por la falta de fuentes de financiamiento permanentes y seguros por  parte del Estado.
  5. Estamos conscientes del alto deterioro del medioambiente de nuestro país.
  6. El acceso a vivienda, servicios básicos, salud y educación son derechos necesarios inseparables y de vital importancia cuyo funcionamiento es necesario e indispensable para que todas las salvadoreñas y salvadoreños mejoremos nuestras condiciones de vida.
  7. Hemos considerado que el problema habitacional de las familias de escasos recursos económicos se agudiza cada vez más, por lo que es urgente afrontarlo adecuadamente, creando los medios legales y económico-financieros necesarios para el desarrollo de una respuesta integral.     
  8. La Constitución de la República en su artículo 1 establece lo siguiente: “Se reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica, y del bien común. En consecuencia es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”; además en el artículo 119, se declara de interés social la construcción de viviendas.
  9. La Declaración  Universal de los Derechos Humanos, en la cual en el artículo 17 establece : “Que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva”, y en el artículo 25 : “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Estos derechos son retomados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  10. Las políticas públicas formuladas y ejecutadas hasta ahora no han sido las adecuadas para satisfacer las demandas de vivienda para las familias de escasos recursos económicos ya que se basan en los mecanismos de libre mercado. Además presentan grandes vacíos como la falta de instrumentos legales y financieros, de espacios de participación ciudadana y de un financiamiento permanente y seguro; por tanto, consideramos necesario establecer un marco jurídico institucional que garantice una respuesta efectiva, permanente y de largo plazo.
  11. Estamos conscientes que la solución del problema de la vivienda de interés social requiere una mayor intervención del Estado, que garantice la movilización de recursos mediante la creación de un fondo permanente orientado hacia el apoyo de programas y proyectos.

 

A partir de estas reflexiones sobre la problemática de la vivienda, las pobladoras y pobladores organizados y reunidos en la CONAPO acordamos impulsar un proceso para crear una propuesta de Ley de Vivienda de Interés Social con amplia participación ciudadana, teniendo en cuenta que:

 

a) Se promueva los cambios institucionales necesarios para que la vivienda de interés social sea considerada como un Derecho Humano y no una mercancía.

b) Se identifique  fuentes de financiamientos permanentes para la vivienda de interés social y se canalice los recursos necesarios para otorgar créditos y subsidios habitacionales, tomando en cuenta el nivel de ingresos familiares, la capacidad de ahorro de las familias y el esfuerzo propio.

c) Se promueva una real participación de las pobladoras y pobladores en los organismos de decisión y sea retomada sus propuestas en la solución del problema.

d) Se fortalezca la coordinación interinstitucional entre todos los actores, incluidas las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de pobladores, gremiales de profesionales,  municipalidades, universidades y otros sectores interesados en aportar propuestas a la solución de esta problemática.

e) Se planifique las acciones  a través de planes quinquenales y anuales, y se les apoye con los recursos necesarios desde el Presupuesto Nacional.

f) Se enfrente el problema del acceso al suelo de las comunidades y de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua ya organizadas. Se establezca mecanismos para la legalización de tierras incluidas las comunidades marginales. Se haga transferencias de tierras a las comunidades para la realización de proyectos habitacionales de aquellas tierras habitables que no estén utilizadas o se encuentren abandonadas, y que sean propiedad de instituciones del gobierno central y/o municipal.

g) Se aborde programas y proyectos habitacionales con enfoques de sustentabilidad.

h) Se fortalezca las competencias municipales para enfrentar los problemas habitacionales y de desarrollo urbano desde la perspectiva local y que se haga la transferencia de recursos para su ejecución.                

i) Se establezca como línea estratégica para enfrentar el problema del hábitat, la producción social del mismo, apoyando con asistencia técnica y con recursos los procesos de autoconstrucción y autogestión de la población.

 

Conscientes que toda salvadoreña y salvadoreño desde que nace tiene el derecho a una vivienda digna, a los servicios básicos inherentes y al uso y disfrute del espacio urbano y rural, haciendo uso de nuestro derecho ciudadano comunicamos: que la Comisión Nacional de Pobladoras y Pobladores ampliará en los próximos días el proceso de consulta hacia otros sectores de la sociedad civil sobre la propuesta de anteproyecto de la Ley de Vivienda de Interés Social, que aborde integralmente la problemática de vivienda, la cual será presentada posteriormente a la Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación.

 

 

Comisión Nacional de Pobladoras y Pobladores (CONAPO)

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