07.09.08 FUNDASAL ante la falta de políticas públicas habitacionales en El Salvador


En los países latinoamericanos la falta de acceso a un hábitat digno constituye un problema social de grandes dimensiones. Los elevados niveles de pobreza –relativa y absoluta- dificultan que las familias puedan suplir sus necesidades mínimas; situación por la cual tienen vedado el acceso al crédito para obtener una vivienda. El Salvador no es la excepción, pues este problema se ha caracterizado por la falta de una política habitacional concertada y focalizada que mejore la situación del hábitat, especialmente para los sectores de bajos ingresos económicos. Hasta la fecha, a nivel gubernamental, solamente se ha implementado programas sectoriales de vivienda tímidos, limitados y fragmentados, que incluían financiamiento, desarrollo y promoción habitacional, seguridad jurídica de tierras y modernización institucional, los cuales no han estado enmarcados en una política pública de Estado con objetivos claramente definidos, sin un marco legal y financiero. En este contexto, los diferentes gobiernos salvadoreños fundaron las siguientes instituciones: Junta Nacional de Defensa Civil en 1933, Banco Hipotecario en 1934, Instituto de Desarrollo Urbano (IVU) en 1950, Financiera Nacional de la Vivienda (FNV) y las Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAP) en 1963, Fondo Social para la Vivienda (FSV) en 1973, Instituto Nacional de los Empleados Públicos (INPEP) en 1975, Instituto Libertad y Progreso (ILP) en 1991 y el Fondo Nacional para la Vivienda Popular (FONAVIPO) en 1992.

 

Las llamadas “políticas de vivienda”, que no han sido más que las acciones aisladas de los gobiernos,  fueron diseñadas e implementadas sin la participación de todos los actores sociales y políticos involucrados en esta problemática. La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) considera que actualmente es indispensable impulsar una amplia concertación en que la sociedad tenga voz propia en torno a la solución del problema habitacional en El Salvador, y superar la etapa en que las “políticas de vivienda” se han definido centralizadamente, sin mayor participación ciudadana, atendiendo única y acríticamente los lineamientos de instancias multilaterales de créditos; situación que se enfatizó a partir de 1989, fecha en que el Gobierno comenzó a reorientar el nuevo papel del Estado como “facilitador”, asignándole al sector privado el rol de productor y financiador de viviendas. Para cumplir con esta función, el Gobierno procedió a la reestructuración y modernización de las instituciones del sector, modificando, paralelamente, el sistema de financiamiento, adecuándolo a las leyes del mercado. Sin embargo, como la experiencia lo ha demostrado, la solución a la problemática habitacional en el país no puede basarse en este tipo de acciones. Dentro de este contexto, en junio de 2005, el Gobierno de la República presentó la Política Nacional de Vivienda, la cual, a pesar de presentar avances importantes, adolece de la falta de instrumentos legales y financieros necesarios para implementar las líneas de acción que respondan a los ejes y desafíos planteados.

 

Ante esta situación, la FUNDASAL está acompañando el esfuerzo de 600 comunidades y grupos organizados de todo el país, cuyo número se seguirá ampliando, para la formulación de un     anteproyecto de Ley de Vivienda de Interés Social que responda a las condiciones y necesidades reales de la población que no puede acceder a las soluciones ofrecidas por el mercado, es decir, brindar respuesta a las necesidades de los sectores que se encuentran por debajo de dos salarios mínimos a través del fortalecimiento de espacios de participación ciudadana, el reconocimiento de la vivienda como un derecho humano, los cambios institucionales para garantizar su implementación, el establecimiento de un financiamiento estructural que asegure  recursos permanentes desde el presupuesto nacional y la aplicación de un modelo de financiamiento que tome en cuenta el ahorro, subsidio y esfuerzo propio, el fortalecimiento de competencias municipales, la inclusión de agentes productores de vivienda y el establecimiento de mecanismos que faciliten el acceso al suelo.

 

Además, la Fundación también ha desarrollado programas y proyectos a lo largo del territorio nacional que han dado respuesta ante los problemas surgidos a partir del déficit estructural de vivienda y catástrofes, tema a ser presentado el próximo domingo 14 de septiembre de 2008 dentro del marco de su cuadragésimo aniversario.